El PP de Jaén se sumará a la manifestación del próximo domingo contra la Ley Celaá “por ser una norma sectaria que da un golpe mortal a la libertad de elección educativa”

• Francisco Palacios afirma que esta ley pretende crear “una sociedad menos formada y más adoctrinada”; es una ley cargada de sectarismo político y adoctrinamiento ideológico, y que incumple los principios constitucionales al anular la libertad educativa y al castellano como lengua vehicular
• El PP emprenderá todas las acciones necesarias para “parar este despropósito”, recurriendo al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea; “presentaremos mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales; y frenaremos en las cinco CCAA en las que gobernamos a través de decretos u órdenes los aspectos más lesivos de esta ley”

El Partido Popular de Jaén ha anunciado hoy que apoyará la manifestación con vehículos del próximo domingo que se han organizado en contra de la Ley Celaá  porque va en contra “de la libertad y de la igualdad”. Así lo ha aseverado el diputado autonómico y secretario general del PP de Jaén, Francisco Palacios quien ayer en el Parlamento andaluz reprochó que el PSOE-A y Adelante apoyen la Ley Celaá, una norma que “atenta contra la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos”, tras el rechazo de socialistas y comunistas a una PNL presentada por el Grupo Popular en el Parlamento andaluz para instar al Gobierno de España a retirar dicha normativa “peligrosa y discriminatoria”.

Palacios ha manifestado que esta ley nace fuera del consenso porque “no se ha tenido en cuenta ni a la comunidad educativa ni a la mitad de los españoles ya que se nos ha excluido a los partidos de centro y de derechas de toda negociación”. Para aprobarse una ley de educación, ha continuado, “se debe contar con todas las fuerzas parlamentarias pero el gobierno social-comunista ha excluido radicalmente a una parte de la sociedad española, la ha hecho de espalda de la comunidad educativa, a toda prisa y sin escuchar las comparecencias de los agentes sociales”, todo lo contrario del ejemplo que ha dado Andalucía con el Pacto Social por la Educación que, acogido en el Parlamento, “ha escuchado a más de 80 comparecientes” como expertos en educación, profesores, directores, inspectores, familias y alumnos.”. 

El dirigente popular ha explicado que la Ley Celaá “reduce aún más la calidad del sistema educativo”, exponiendo cómo con esta norma del Ejecutivo social-comunista pretende “bajar el nivel y permitir que alumnos con suspensos se titulen”, lo que supone “un claro desprecio” tanto al esfuerzo del alumnado como al trabajo de los docentes. Está claro, ha aseverado, “que el PSOE y Podemos quieren a jóvenes menos formados y más adoctrinados para que no puedan hacer oposición a esos inútiles de élite que pretenden perpetuarse en el poder”. En este sentido ha reprochado que los socialistas andaluces “no hablen con libertad y no sean capaces de recriminar a Sánchez que pacte con la izquierda radical, con los herederos de ETA y los golpistas de Cataluña, porque esos son los socios de Pedro Sánchez aunque les de vergüenza aceptarlo”. Y, lamentablemente, una ley que nace de estos progenitores “no puede ser buena”. Así, ha dicho que se trata de una norma “discriminatoria” porque “cede a los nacionalistas” y elimina el castellano como lengua vehicular, “lo que atenta contra la Constitución”.

Dicha ley también pretende “reducir el control, rebajar el papel de la Alta Inspección Educativa y eliminar las pruebas de acceso al cuerpo de inspectores”. Igualmente, va en contra de la demanda social porque “reduce la capacidad de las familias para elegir en libertad el tipo de educación que quieren para sus hijos”, pese a que este derecho está contemplado en la Carta Magna, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso Palacios ha explicado que el PP defiende y defenderá siempre, “una educación sin apellidos ya sea pública, concertada o privada, porque ahí radica la libertad para que cada padre decida cómo quiere educar a sus hijos, pero una educación libre y de calidad”. Así, ha explicado que “si no existen distintas opciones, no se puede elegir; y si el Estado no financia dichas opciones, las familias con menos recursos no pueden elegir en igualdad de condiciones”.

Precisamente “los conciertos educativos son el instrumento que garantiza que todas las familias, independientemente de su nivel socioeconómico, puedan elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos”, así que “atacar a la enseñanza concertada es atacar a las más de 330.000 familias que en Andalucía optan libremente por este modelo” y a los 20.000 trabajadores que desempeñan su labor en casi 2.000 centros. El parlamentario popular también ha advertido que, con esta ley, Sánchez e Iglesias “pretenden acabar con la educación especial”, que desde el PP han defendido para que “se garantice el derecho que asiste a las familias con hijos con necesidades especiales a decidir su escolarización en un centro de un tipo u otro”. En este asunto, Palacios ha sido tajante: “la Ley Celaá condena a los centros de educación especial y eso es algo intolerable”.  

En definitiva, ha concluido, la Ley Celaá es una ley “sectaria que ataca a la educación, sea cual sea, porque lo que pretenden PSOE y Podemos es establecer un modelo social dirigido con alumnos sin formar pero sí adoctrinados”. Eso es lo que se aprobó ayer en Madrid y contra lo que el Partido Popular luchará porque esta norma “solo va a traer menos libertad y más confrontación”. Por eso, el PP irá hasta donde haga falta por defender la libertad y “parar este despropósito”. “Recurriremos al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea; presentaremos mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales; y frenaremos en las cinco CCAA en las que gobernamos a través de decretos u órdenes los aspectos más lesivos de esta ley”. Además, queda un pequeño resquicio de esperanza y que piensen, reflexionen y den marcha atrás en el Senado porque el gobierno “aún puede volver a la racionalidad y deben hacerlo por la comunidad educativa, por las familias, por los profesores, alumnos y por el futuro de España y por los principios de nuestra Constitución”.