El PP exige a Reyes dotar de más bomberos a Cazorla y Segura, “y que cumpla así con el acuerdo alcanzado en 2018”

• Lo hará a través de una de las mociones que el grupo popular presentará en el pleno de la Diputación. La otra moción instará al gobierno de Sánchez a revisar por vía de urgencia la ley solo si es sí y exigir responsabilidades a quienes tanto daño están haciendo a las víctimas por las rebajas de condenas

El Grupo Popular en la Diputación provincial de Jaén pedirá a través de una moción que el Reyes y su equipo de Gobierno cumplan los acuerdos pactados en 2018 con los Consorcios de SEPEIS (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento) de Cazorla y Segura, es decir, “aumentar la plantilla en ambos consorcios con carácter definitivo y  no mediante bolsas, equiparación salarial con respecto al personal de Diputación, incluyendo un plan de productividad, y la elaboración de un reglamento interno de funcionamiento de ambos consorcios.”Esto fue a lo que Reyes se comprometió en 2018 y desde entonces está incumpliendo”, ha señalado el portavoz del Grupo Popular en la Diputación, Luis Mariano Camacho. 

Allá por 2012, esta Diputación provincial decidió crear los consorcios de SEPEIS de Cazorla y Segura con una cuota de responsabilidad del 80% la corporación provincial y el 20% los municipios que integran cada consorcio. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la unidad mínima deberá estar formada por un binomio de dos bomberos en punto de lanza y otro binomio que pueda rescatar en caso de emergencia real a los dos bomberos que se

encuentran trabajando en la intervención. “Un total de de cuatro efectivos integrados por un bombero que realizará la conducción y los tres bomberos de intervención”, ha explicado. También regula como dotación crítica aquella que en caso de emergencia podría realizar las tareas de socorro (Equipo SOS), pero en cualquier situación, nunca menos de dos binomios, cuatro bomberos.

El Consorcio de Cazorla se organiza con 5 turnos, 4 con tres profesionales por turno “incumpliendo claramente la legislación de RRLL”, ha aseverado Camacho, y, “lo que es mucho peor, un turno solo cuenta con dos bomberos que pone en serio riesgo tanto la integridad de los ciudadanos como la propia vida de los trabajadores de esta corporación”, ha apostillado. Pero esta situación se ve agravada si algún trabajador se da de baja, pide algún día o está de vacaciones pues ya son 2 de los 5 turnos los que se quedan sólo con dos efectivos.

 “Esto es un claro ejemplo de la nefasta gestión de Paco Reyes, empeñado en hacer mucha Diputación y poca provincia”. Y es que esta Diputación organiza un turno con solo dos bomberos, “por lo que si en un incendio dos bomberos acceden al interior de una vivienda quedan sin nadie que verifique cuánta agua queda ni modifique la presión que se necesita en cada momento, “multiplicando así el riesgo para las personas como para nuestros profesionales”, ha lamentado el dirigente popular. 

Camacho ha concluido diciendo que “no podemos entender cómo Reyes es conocedor de esta grave situación y no resuelve este problema inmediatamente. Hacemos declaraciones

institucionales para homenajear a las personas que han fallecido por accidente laboral en nuestra provincia mientras ponemos en riesgo extremo a nuestros trabajadores”.

LEY SOLO SÍ ES SÍ

La otra moción que presentará el Grupo Popular instará a pedir a Sánchez la reforma urgente de la Ley Del sólo sí es sí así como exigir responsabilidades a los que “tanto daño están haciendo a las víctimas con esta ley”.  En concreto Camacho ha explicado que “pedimos que la Diputación condene los efectos indeseables y las graves consecuencias que ha ocasionado su entrada en vigor”. Reyes debe exigirle a su jefe Sánchez que “de forma  inexcusable se asuman y depuren responsabilidades políticas por las nefastas consecuencias derivadas de su aprobación”. Además considera una obligación que como dirigentes políticos y conocedores de las rebajas de condenas a los agresores y el consiguiente daño hacia las víctimas, exigirle a Sánchez una revisión, por la vía de urgencia, de la citada Ley Orgánica, con la finalidad de que quiénes cometan delitos sexuales puedan tener, cuanto antes, las mismas penas que estaban en vigor hasta septiembre de 2022, y que se han visto rebajadas con la actual regulación, “evitando el beneficio para el agresor y el abandono y la desprotección de la víctima”.