Marchal: “La nueva PAU aprobada por Sánchez es otra mentira más de su Gobierno”

• “Exigimos una prueba justa para todos”, con criterios homogéneos, tanto en los aspectos formales como en la exigencia de contenidos

·      Sánchez “no sabe hacer su trabajo” y lo peor es que “siempre actúa de espaldas a las comunidades autónomas a las que vuelve a dar la espalda”

·      Recuerda que Andalucía cuenta con el mayor sistema universitario público de España y con el número más elevado de estudiantes que se someten a esta prueba

12 de junio de 2024

Ante la nueva prueba de evaluación de acceso a la universidad aprobada este martes por el Gobierno de Pedro Sánchez, “la rechazamos tajantemente desde el Gobierno andaluz” pues la aprobación se ha hecho de forma “unilateral y sin haber consultado a las comunidades autónomas”. Así lo ha aseverado el diputado autonómico del PP de Jaén, Juanma Marchal quien ha recordado que son las comunidades autónomas, a la que no se ha tenido en cuenta una vez más, las que tendrán que aplicarla a partir del próximo curso. 

Marchal ha dicho rotundamente que “Sánchez no puede dar la espalda a las comunidades autónomas, no puede seguir obviándonos, y mucho menos a Andalucía”, que cuenta con el mayor sistema universitario público de España y con el número más elevado de estudiantes que se someten a esta prueba, casi 53.000 alumnos.

El diputado autonómico popular ha sido tajante al asegurar que “Sánchez y su Gobierno mienten” cuando dice que esta reforma servirá para homogeneizar la prueba en toda España. “No es cierto”, ha apostillado, pues uno de los cambios es el nombre, que vuelve a ser Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). El Gobierno miente cuando dice que la nueva prueba tiene una estructura, características básicas y criterios de corrección mínimos comunes. “No es cierto y la realidad es que es igual que otros años”. 

Además, se ha referido el dirigente popular al hecho de que el Gobierno impone un mínimo a las comunidades autónomas de un 10% para calificar con criterios de corrección, sin determinar cómo se aplica o si hay un número máximo permitido de faltas de ortografía. Asimismo, el Gobierno ha renunciado a la prueba inicial de madurez.

Pero “lo más importante es que la prueba debe ser más justa para todos, con las mismas oportunidades; queremos una prueba con criterios homogéneos”, tanto en aspectos formales, ya sea calendario, fechas de publicación de las notas, duración de los exámenes o criterios de corrección, así como en la exigencia de contenidos comunes y obligatorios, respetando la autonomía universitaria.