Calvente exige a la Junta que acepte sus errores en la construcción del tranvía y asuma su gestión y explotación al ser un transporte metropolitano

• El informe concluye que no se realizaron estudios previos sobre la viabilidad de la construcción de un nuevo sistema de transporte público en la ciudad
• Determina que en los contratos de redacción del trazado y construcción celebrados por el entre público, se observan prácticas no ajustadas a los principios de objetividad, transparencia y concurrencia, así como infracciones de la normativa aplicable
• Recuerda que la memoria del proyecto del tranvía recogía el carácter metropolitano, pero que finalmente no fue declarado, correspondiendo la gestión al ayuntamiento, algo “inadmisible” después de que este “despropósito” haya supuesto un coste de más de 128 millones de euros
• El Partido Popular considera que “la única opción posible para la puesta en marcha del tranvía es que el gobierno de Susana Díaz reconozca su carácter metropolitano y asuma íntegramente el coste de su gestión y liberen a un ayuntamiento al que ya le han hecho suficientemente daño con todo este asunto”

El informe de fiscalización del desarrollo, mantenimiento y gestión del tranvía de Jaén, realizado a solicitud de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, pone de manifiesto que en lo relativo a los contratos para la construcción e instalación del sistema tranviario no constan antecendentes ni estudios previos sobre las necesidades de transporte colectivo de viajeros en la ciudad dirigidos a valorar la posible implantacion de un tranvía. “Esto viene a corroborar lo que siempre ha manifestado el Partido Popular y es que la construcción de este medio de transporte en Jaén no atendía a criterios de economía o eficacia y fue un simple capricho de la Junta de Andalucía , del PSOE jiennense y de la que entonces era alcaldesa socialista, Carmen Peñalver”, ha manifestado el diputado nacional por el Partido Popular de Jaén, Javier Calvente.

Tal y como recoge el informe, “cuyas conclusiones hacemos nuestras, ya que son todos los argumentos que siempre hemos defendido y por lo tanto nos vienen a dar la razón sobre lo que venimos denunciando desde hace años”, ha manifestado el dirigente popular, la construcción de una gran infraestructura requieren, de acuerdo a los principios de economía y eficacia, que la decisión de la construcción se adopte razonablemente en base a un estudio de las alternativas existentes. La primera actuación consistió en la atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía por la Consejería de Obras Públicas del desarrollo de las acciones para el estudio del trazado y proyecto de construcción, “por lo tanto la decisión de ejecución se adoptó y fue posteriormente cuando se quiso cubrir el expediente haciendo un estudio de viabilidad, que ya no tenía razón, pues se había iniciado todo el proceso para gastar más de 120 millones en este capricho”. En consencuencia, ha señalado Calvente, “esta falta de previsión, de informe alguno o estudios de viablidad económica, tuvo y tiene graves consencuencias para la ciudad de Jaén”, ha recordado, que ya en el año 2011 presentaba una situación complicada con un remantente negativo de más de 200 millones de euros.

 A la falta de previsión se suma la “arbitrariedad e incoherencia” con el que actuaron los responsables socialistas en el ayuntamiento jiennense y la Junta. El diputado nacional ha señalado que “basta con analizar el informe del Tribunal de Cuentas para advertir que, en todos y cada uno de los contratos se vulneraron principios constitucionales y básicos de nuestro ordenamiento jurídico”, tales como el el principio de estabilidiad presupuestaria, de libre concurrencia, de buena fe, de economía, de transparencia, de racionalidad o de eficiencia en la gestión del gasto público. Además se vulneraron leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de Contratos del sector público, de subvenciones, de Bases de Régimen Local y la Ley reguladora de Haciendas Locales, entre otras. “Y no lo dice el Partido Popular”, ha apuntado, lo dice el informe que recoge que en los contratos de redacción del trazado y construcción celebrados por el entre público se observan prácticas no ajustadas a los principios de objetividad, transparencia y concurrencia, así como infracciones de la normativa aplicable, entre ellas la falta de concreción de los datos para la determinación del presupuesto, la ausencia del certificado de crédito, la previsión de medios acreditativos de la solvencia, la no aprobación del gasto, etcétera.

 A todo esto hay que añadir que “nos encontramos ante el máximo despilfarro de dinero público en la historia de la ciudad de Jaén”, ha lamentado Calvente, quien ha añadido que “un dinero que podría haberse destinado a otros proyectos que sí que eran y siguen siendo demandandos por los vecinos y a los que el PSOE sigue dejando en el cajón del olvido” . Así, fue necesario llevar a cabo modificaciones contractuales debido a deficiencias en las actuaciones preparatorias de los contratos y sin la preceptiva tramitación que hubiera precedido. De este modo, el proyecto constructivo aprobado por la consejería en diciembre de 2008 preveía un presupuesto de ejecución de 96,5 millones de euros, siendo el contrato de las obras adjudicado por 71.8 millones. En la tramitación del expediente se observaron irregularidades como la falta de certificado de existencia de crédito, la exigencia de constitución por el adjudicatario de una garantía especial, la falta de motivación del informe de valoración de las ofertas, etcétera. El contrato se modificó en más de 11 millones, un 16,32% del precio inicial, debido a omisiones en las actuaciones preparatorias y descoordinación de las administraciones intervinientes dado que el material móvil no se ajustaba a las características de la vía. Las obras modificadas se ejecutaron sin la tramitación previa y necesitó de la posterior convalidación del gasto. Finalmente, el importe total certificado ascendió a 95,3 millones de euros.

 De igual forma Calvente también ha querido poner de manifiesto que la gestión municipal del PSOE e IU en relación a los contratos que tuvo que formalizar la administración local “deja mucho que desear como lo pone de manifiesto las irregularidades detectadas en relación a los procedimientos para el traslado del edificio de la Policía Local, así como otros contratos en los que se han observado irregularidades como por ejemplo el contrato para el mantenimiento del sistema tranviario que fue extinguido y, sin embargo, han aparecido facturas posteriores a su extinción”.

 Por otro lado, el dirigente popular ha señalado que no se solicitó ningún informe que analizara la incidencia al tráfico, la redefinición del servicio de autobuses públicos, así como cuestiones de seguridad o de extinción de incendios. Así, el informe recoge que el estudio de la demanda realizada por el consultor en ejecución del contrato fijaba un incremento de la demanda de un 34% sobre el autobús urbano sin que se fundamentara dicha previsión y su sostenibilidad temporal, determinando el propio estudio que los cálculos eran optimistas.

 En cuanto a las actuaciones para la explotación del tranvía, el diputado popular ha querido recordar que este es “un problema al que ni el propio PSOE supo afrontar, ya que el ayuntamiento de Jaén, con el PSOE al frente, acordó la gestión directa del sistema tranviario y luego con sus socios comunistas lo que acordó fue constituir una empresa mixta, lo que evidencia que nunca han tenido claro cómo afrontar este tema porque saben que es un problema para la Corporación”. El informe también observa incidencias en los convenios y protocolos como la falta de motivación de una obra que no fue declarada de interés metropolitano y la implantación de un sistema de transporte sin la aprobación por el pleno municipal. Cabe recordar, ha añadido Calvente, que ante la imposiblidad de asumir los gastos que generaba su puesta en funcionamiento y explotación, el ayuntamiento, ya con el Partido Popular, solicitó su entrega a la Junta de Andalucía pidiendo su declaración como transporte metropolitano y que así se encargara de su explotación. Es más, el propio Consejo Económico y Social de la ciudad de Jaén emitió un informe en el que determinaban que, desde un punto de vista financiero, no se recomendaba asumir más gastos de los previstos. Igualmente determinó que faltó generación de debate sobre la necesidad del tranvía y destacó el carácter metropolitano del tranvía y que así fue concebido por la Junta en la memoria del proyecto. Por todo ello Calvente ha señalado en relación a la gestión y explotación que “la única opción posible para la puesta en marcha del tranvía es que el gobierno de Susana Díaz reconozca su carácter metropolitano y asuma íntegramente el coste de su gestión y liberen a un ayuntamiento al que ya le han hecho suficientemente daño con todo este asunto”

 Pero no solo existen irregularidades en los contratos, sino que los compromisos adoptados de manera unilateral por la señora Peñalver, y no por el pleno muncipal tal y como correspondía, ha supuesto un incremento del déficit estructural que ya tenía el ayuntamiento “lastrando a la ciudad por muchos años”. Así, la creciente falta de liquidez se ha materializado, no solo en el impago de los contratos sino también en el pago a la seguridad social, a las empresas concesionarios de los servicios básicos, así como la retención de los ingresos procedentes de la participacon de los ingresos tributarios de la comunidad autónoma, PATRICA, y de los del estado, PIE, “con las graves consencuencias a las maltrechas arcas municipales”, ha lamentado Calvente. En definitiva, este “despropósito” en la ciudad de Jaén ha supuesto un coste de más de 128 millones de euros, por culpa de la irresponsablidad de Peñalver y el Partido Socialita, “encontrándonos ante un mayúsculo escándalo político, jurídico, social y económico”.

 Por último, el diputado nacional ha señalado que “frente a este cúmulo de irregularidades se han incoado diligencias previas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Jaén que señalan como investigada a Carmen Peñalver” al apreciarse indicios de posible responsabilidad penal por la ausencia del informe de necesidad previo que justificara la actividad arqueológica preventiva en el solar del nuevo edificio de la Policía Local y la adaptación de otro edificio para una sede temporal en la avenida de Granada.